El juez correccional Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido en su cargo por haber agravado la pena de una trans por ser extranjera, vulnerando así el principio de no discriminación e igualdad ante la ley.
La denuncia fue efectuada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA), la Comisión provincial de la Memoria, entre otras organizaciones. El juez deberá someterse a 90 días de suspensión, reducción del salario al 40% y enfrentar el juicio político (jury) donde se decidirá sobre destitución.
La acusación al magistrado llevada a cabo por los organismos de DDHH y de la Diversidad, como así también por la procuración General y la Comisión Bicameral, sostiene el mal desempeño de Ruiz, el no cumplimiento de la ley 26743 de Identidad de Género y la discriminación xenófoba en violación a la Ley 23592 , también se señaló la violación a la Ley de Migraciones y el perjuicio al Estado por este incumplimiento.
En mayo de 2016, Ruiz condenó a Claudia a cinco años y tres meses de prisión, la sentencia fue luego reducida por la Casación junto al cambio de caratula de la causa. El expediente se había iniciado por un operativo en la zona roja y Claudia tenía en su poder un gramo y medio de cocaína. En la sentencia el juez agravó la pena a Claudia por ser inmigrante y durante toda la causa se la trataba como varón y por su nombre anterior , se utilizó el género masculino en todo momento, menciones como “peruano”, “soltero”, “hijo”, “identificado”, y también en dos o tres oportunidades se la menciona como “persona travestida”.
Además, Claudia fue trasladada por efectivos policiales varones, enviada a un penal de varones y en el expediente también se trataba en masculino a las compañeras que fueron a declarar y cuya identidad autopercibida es femenina.
La sentencia del Juez Ruiz no es un fallo aislado, se inscribe en la profunda criminalización a la que se ven sometidas las trans, como así también en el lamentable entramado de complicidades entre jueces, fiscales, policía y poder político en franca violación a los derechos humanos.
La discriminación por razón del género y la clase, y la violación a las normas internacionales con rango constitucional y nacional que dan protección en materia de género y derechos humanos es moneda corriente en un Poder Judicial machista y patriarcal.
“Desde la AJB venimos denunciando la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial y exigiendo la urgente implementación de un área de políticas de género en el ámbito de la Corte y la Procuración con participación de la organización gremial – como establece la Ley Micaela en su aplicación – con asignación de presupuesto, nombramiento de personal e infraestructura, y por supuesto el enjuiciamiento y expulsión de los violentos” manifestaron desde la Secretaría de Genéro de la AJB Departamental la Plata.
Agregaron además “Repudiamos estos fallos trans odiantes, xenófogos y racistas que son el reflejo de un sistema social profundamente machista y patriarcal. Y también repudiamos la impunidad con la que se manejan estos magistrados, avalados por el mismo sistema, que no solo se refleja en sus sentencias sino que también en el ejercicio de sus funciones violentando a las mujeres y las diversidades que trabajamos en el poder Judicial”.