Luego de la denuncia penal realizada por las autoridades del Instituto de Obra Medico Asistencial (I.O.M.A.) a doce profesionales de la salud por “irregularidades en la facturación” y a la Agremiación Médica Platense (A.M.P.) por no cumplir con el control establecido en la cláusula decimosexta del convenio firmado por ambas partes en enero de este año se desató una andanada de versiones que se alejaron, y mucho, de la realidad. Es preciso realizar un pequeño repaso que nos permita contextualizar y entender mejor la actual situación.
Podemos arrancar mencionando que la necesidad de auditar, por parte del IOMA, es un viejo reclamo por parte de todos los sindicatos estatales de la provincia ya que entendemos somos otra vez lxs trabajadorxs quienes terminamos soportando el peso de la crisis. En tal sentido, desde la AJB como parte del Consejo Consultivo Gremial, hemos exigido en cada reunión con las autoridades del Instituto se lleven a cabo las auditorias correspondientes y de encontrar irregularidades se realicen las denuncias correspondientes. Esto último se materializó con la denuncia penal presentada por el IOMA por presunta defraudación fraudulenta hace una semana en los tribunales platenses. Esto desató una respuesta, desde la AMP, que se asemeja más a una defensa corporativa que a la búsqueda de resolver y atender las distintas situaciones en la que se encuentran lxs afiliadxs a la obra social estatal.
En este contexto se lanzó a correr el rumor de la “pamización” del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y se estableció como bandera la “libre elección de profesionales, hospitales y clínicas”. Podríamos estar horas argumentando y preguntando cuán libres somos a la hora de elegir una prestación médica, pero con sólo repasar el art. 1 de la Ley provincial 6.982 observamos que “la actividad del IOMA, se orienta en la planificación de un Sistema Sanitario Asistencial para todo el ámbito de la provincia, teniendo como premisa fundamental LA LIBRE ELECCIÓN DEL MÉDICO POR PARTE DEL USUARIO, reafirmando el sistema de obra social abierta y arancelada”. Es decir, la libre elección es parte de la creación misma del Instituto, garantizada por la Ley que lo crea, cambiarla por otro sistema es una ilegalidad. No existe, en la actualidad ninguna posibilidad de “pamizar” la obra social estatal.
Seguimos reafirmando que el IOMA debe estar en manos de sus dueñxs, lxs trabajadorxs estatales de la provincia de Buenos Aires, ya que serán éstos quienes mejor representen sus intereses y no sea tomado como una caja tanto por el sector privado como por los gobiernos de turno.