La AJB convoca a las y los trabajadores judiciales a participar del “Ruidazo” que bajo la consigna “Que el aislamiento físico no limite la acción colectiva”, propone manifestarse desde los balcones, ventanas o terrazas con carteles contra la violencia machista, este lunes 30 a las 18 horas.

El machismo no se toma cuarentena. En solo diez días de aislamiento obligatorio se contabilizaron 12 femicidios y un aumento del 25% de las denuncias por violencia de género. En Argentina una mujer es víctima de femicidio cada 23 horas. Claudia Repetto (Mar del Plata), Susana Melo (Bahía Blanca), Lorena Barreto (Misiones), Cristina Iglesias y su hija Ada, (Lanús), Lidia Britez (La Pampa), Haydee Salazar (Bariloche), Pilar Riesco (CABA), Romina Ruiz Díaz (Cañuelas) y Verónica Soule (Santa Fé) son algunas de las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista y patriarcal en los últimos días.

La desidia y la falta de perspectiva de género en la investigación de delitos de esta naturaleza, traen inevitablemente a la memoria colectiva los femicidios de Natalia Melmann y Lucía Pérez –en Miramar y Mar del Plata respectivamente-. En el femicidio de Natalia el Estado está representado en la propia ejecución del hecho, dado que el victimario tiene entre sus partícipes a agentes policiales. En el caso de Lucía los magistrados del Tribunal Criminal 1 de Mar del Plata justificaron la absolución de los imputados basándose en la conducta de la víctima. Mientras que la investigación del femicidio de Claudia se clarifica por la perseverancia de sus familiares, ya que fueron ellos quienes atraparon al femicida Ricardo Rodríguez. Tres casos que ponen en evidencia la responsabilidad –y la complicidad- del Estado y en particular la del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad en la muerte de miles de mujeres.

Cabe recordar que Claudia Repetto y su agresor estaban siendo buscados desde el 2 de marzo, a partir de la denuncia realizada por sus hijos. Pese a ser Rodriguez el principal sospechoso de la desaparición por ejercer violencia contra ella desde hacía varios meses, la causa fue caratulada inicialmente por el Fiscal Fernando Castro como “doble averiguación de paradero”.

Durante 17 días la investigación fue llevada con ineficiencia y sin perspectiva de género, y sólo ante el pedido de recusación del Fiscal y la presión que ejercieron los familiares ante la inacción judicial y policial, la causa fue recaratulada como “Homicidio de una mujer agravado ser cometido por un hombre mediando violencia de género” y ordenada la detención de Rodriguez, que mientras tanto circulaba libremente por la ciudad, tal como quedó demostrado el pasado domingo, cuando el principal sospechoso del femicidio fue capturado por los hijos y allegados de la víctima en un barrio del sur de Mar del Plata.

En la sede de la fiscalía, Rodríguez reconoció haber matado a Claudia por celos e indicó el lugar donde ocultó su cuerpo, encontrado enterrado a escasos veinte metros del lugar donde el 5 de marzo pasado la policía halló la pala que Rodríguez abandonó, tras llevar a Claudia a bordo de una motocicleta más de diez kilómetros sin ser registrado por ninguna de las cámaras de seguridad existentes en el centro de monitoreo, donde el Intendente puso despacho para seguir la evolución de los hechos de inseguridad en tiempo real conforme su promesa de campaña.

Sin embargo, la nefasta respuesta –o falta de respuesta- del Estado no terminó con el hallazgo del cuerpo de Claudia, sino que se sumó la represión policial a familiares y vecinos que se acercaron a la sede judicial conmovidos por su femicidio. Represión a personas que durante varias semanas se habían sumado a su búsqueda y pedidos de “aparición con vida”, y que una vez más asistían a la demostración más cabal de la inoperancia del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para llevar adelante esta investigación y la de tantas otras mujeres y disidencias víctimas de femicidio en nuestro país.

En ese sentido, la AJB junto a Organismos de Derechos Humanos le reclama al Estado provincial -desde la reforma constitucional de 1994- la urgente puesta en funcionamiento de la Policía en función judicial, orientada a la investigación de hechos delictivos de complejidad -previstos en la Carta Magna-, con formación profesional, técnica y científica, desprendida de la lógica represiva de la policía actual. Así también, que los procesos judiciales y la investigación penal en los actos de violencia contra las mujeres y disidencias se realicen con perspectiva de género, tal como lo ha señalado en diferentes sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Casos “Veliz Franco y otros Vs. Guatemala”, sentencia de 19/05/2014; “Espinoza Gonzáles Vs. Perú”, sentencia de 20/11/2014 y ”Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala “, sentencia de 19/11/2015).

Desde la Asociación Judicial Bonaerense y en particular desde la Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades, exigimos un Poder Judicial con perspectiva de género, y al Estado en su conjunto, presupuesto para políticas públicas integrales para prevenir y erradicar la violencia machista, como así también medidas protectorias para aquellas mujeres y disidencias que sufren el aislamiento con su agresor.

El machismo no se toma cuarentena

Ni una menos

Vivas nos queremos